ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración pública está facultada para requerir predios de propiedad privada, urbanos o rurales, que sean necesarios para adelantar obras de infraestructura vial, portuaria o de cualquier otra naturaleza. Lo anterior, obedece a los principios de prevalencia del interés general sobre el particular, y la función social de la propiedad privada.
Dicha potestad le da a la administración las herramientas jurídicas para llevar a cabo la adquisición de los predios de naturaleza privada, a través de mecanismos como:
LA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA: Etapa en la cual la administración realiza una oferta formal de compra a los titulares de los predios.
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL: De no llegarse a un acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, la administración procederá a expropiar los derechos reales de los propietarios a través de un trámite administrativo, o un proceso judicial ante un juez de la república, adquiriendo así, de manera forzosa, la propiedad del predio en su totalidad, o en la franja de terreno que se pretenda afectar, e indemnizando a los propietarios de acuerdo con el avalúo realizado por la administración.
DEFENSA JURÍDICA EN PROCESOS DE EXPROPIACIÓN: PROTEGIENDO SUS DERECHOS Y PROPIEDAD
En el complejo escenario legal de los procesos de expropiación, es esencial contar con una defensa técnica y jurídica adecuada, para resguardar los derechos de titularidad sobre su predio. El acompañamiento y asesoría en la etapa de enajenación voluntaria o de expropiación, permitirá garantizar que todos los procedimientos administrativos y/o judiciales realizados por la administración sobre sus derechos de titularidad, están ajustados a la normativa vigente, como también, los cálculos del valor del avalúo tengan el método de tasación adecuado, el cual permita obtener el precio justo a modo de indemnización.